Lo hizo mediante la Resolución 5 del ministerio de Desarrollo Territorial y es para asistir a las familias que no pudieron pagar el alquiler durante la pandemia.
El Gobierno elevó además de 6 a 12 el número máximo de cuotas que los locatarios tienen para saldar las deudas por “diferencia de precio y por falta de pago, pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados o pagos parciales”.
El 1° de abril pasado venció el congelamiento de los precios de los contratos de alquiler y la suspensión de los desalojos por falta de pago que dispuso el Gobierno en medio del momento más duro de la cuarentena decretada en el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19.
El plan del Gobierno ahora es “coordinar acciones” para, mediante proyectos de casas construidas con aportes del Estado Nacional, “abordar soluciones habitacionales” para aquellos inquilinos que estén pasando por esa última situación.
Sobre este punto, el nuevo protocolo detalló que “se prevé la firma de convenios que permitan establecer porcentajes de viviendas en stock o en construcción que puedan ser utilizadas” con ese propósito.
Además, se tendrá en cuenta “la posibilidad de acceso a la vivienda a través de compra, comodato, alquiler con opción a compra u otras formas, a determinar de acuerdo a la disponibilidad de unidades y las capacidades socio-económicas de los hogares”.
Para definir a qué personas se ayudará primero, el Poder Ejecutivo elaboró una serie de “mecanismos de priorización de acuerdo a la disponibilidad y grado de vulnerabilidad de las personas o familias que se pretenden proteger”.
Entre los grupos con prioridad se encuentran las familias monomarentales y monoparentales; las personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad; las víctimas de violencia de género; los discapacitados, y quienes están en extrema pobreza y/o indigencia.
Resolución 5/2021:
Protocolo:
